El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que el viernes dio la orden a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que iniciara acciones legales contra el último número de la revista satírica 'El Jueves', defendió ayer la decisión judicial por la portada «manifiestamente injuriosa» dedicada a los Príncipes de Asturias. Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó la «autonomía» de la Fiscalía General del Estado a la hora de tomar decisiones y se decantó a favor de ña decisión judicial al defender la libertad de expresión ejercida con respeto a las instituciones del Estado.
De otra opinión es el secretario general del PP, Angel Acebes, que, en declaraciones a los periodistas tras clausurar la Escuela de Verano del PP en Islantilla (Huelva), mostró su «máximo respeto» por la decisión judicial respecto a la publicación, pero consideró que la iniciativa de la Fiscalía que desembocó en el secuestro del último número de 'El Jueves' «ha sido una equivocación». Para Acebes, además de contribuir a «que todo el mundo conozca la portada de esta revista grosera y zafia, ha perjudicado a la libertad de expresión», lo que es «un error más de los muchos que ha tenido Conde-Pumpido».
Sin embargo, para Conde-Pumpido, cualquier «observador imparcial» que evaluase la portada se daría cuenta de que es «infamante e injuriosa» para los Príncipes de Asturias, que «como ciudadanos españoles, además del puesto institucional que tienen, tienen su derecho fundamental a que su dignidad y honor sea respetado». Conde-Pumpido argumentó que la Fiscalía estimó que la portada del semanario incluía «unos dibujos y unas expresiones» que «no eran necesarios por su grosería para el mensaje que se podría utilizar» y que «era una portada que incurría manifiestamente en un hecho delictivo».
«La ley está para ser aplicada y se planteó el tema al órgano jurisdiccional competente, quien tiene que tomar la decisión, y el juez estimó que el comportamiento era delictivo y abrió el procedimiento correspondiente», explicó.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno defendió que «en democracia tienen que convivir derechos fundamentales como son la libertad de expresión, que es una de las columnas vertebrales básicas de cualquier sistema democrático» con el «el respeto debido y necesario a las instituciones del Estado». En todo caso, De la Vega defendió la «libertad de criterio» y «autonomía» de la Fiscalía General del Estado, pues «el ejercicio de la acción penal incumbe constitucionalmente al Fiscal General del Estado que lo ejercita siempre con libertad de criterio y absoluta autonomía».