Jueces, notarios, registradores, abogados, ediles y funcionarios municipales de las provincias de Málaga, Almería, Jaén, Granada, Alicante y Madrid figuran entre los destinatarios de los regalos efectuados por la promotora Aifos, cuyos directivos están imputados en el «caso Malaya».
Según un informe policial recogido en la parte del sumario sobre la que el juez instructor ha levantado el secreto, en los archivos informáticos incautados en las instalaciones de Aifos figura una relación de las autoridades a las que ofreció dádivas, bien de tipo material o de disfrute de servicios de alojamiento, salud y belleza.
En varias hojas aparecen registrados regalos para las Navidades del 2004/2005, en los que figura una amplia lista de personas vinculadas al Ayuntamiento de Marbella, directivos de entidades privadas, ediles de otros ayuntamientos malagueños y funcionarios vinculados al ámbito judicial de varias provincias.
La relación contiene una docena de notarios, cuatro de ellos de Málaga, dos de Almería, dos de Madrid, dos de Linares (Jaén), uno de Granada y otro de Alicante.
También figuran magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y de la Audiencia Provincial de Málaga, dos abogados del Estado y siete registradores de la Propiedad.
De éstos, dos desempeñaban su actividad en Roquetas de Mar (Almería), uno de Mijas y otro en Campillos (Málaga), uno en Linares y otro en La Carolina (Jaén) y uno en Parla (Madrid). Además de los funcionarios y ediles del Ayuntamiento de Marbella, la lista de regalos de Aifos incluye a una docena de personas vinculadas al Consistorio de Mijas, cinco relacionadas con el Ayuntamiento de Estepona y una del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. La policía mantiene en su informe que los regalos e invitaciones de Aifos estarían destinados a crear «condiciones favorables a sus intereses empresariales», y que debido al sector en el que realiza su actividad se dirige «hacia los entes locales donde lleva a cabo sus promociones inmobiliarias y negocios hoteleros».
Añade que, debido a la «ligitiosidad que viene afrontando últimamente» aparecen como destinatarios de los regalos e invitaciones personas vinculadas a las instancias judiciales.
Además, no cree que estos regalos o servicios sean «admisibles en cuanto a que exceden a los usos habituales, tanto sociales como de cortesía», por lo que mantiene que vulneran los principios éticos y códigos de conducta. En cuanto a las invitaciones, consisten en alojamientos en el hotel de cinco estrellas Guadalpín -que construyó y explota esta promotora- y tratamientos de belleza, cuyo precio oscila entre los 130 y los 470 euros.