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La izquierda 'abertzale' inunda de listas electorales Euskadi y Navarra

La policía contabiliza 96 candidaturas y 152 de agrupaciones «sospechosas»

EFE-BILBAO
La izquierda abertzale mantiene ayer, último día para presentar candidaturas, al menos dos vías para intentar concurrir en las próximas elecciones: la apuesta «oficial» por las agrupaciones de electores bajo la denominación Abertzale Sozialistak y las listas presentadas por Acción Nacionalistaa Vasca (ANV). En total, la policía ha contabilizado 96 candidaturas de la formación abertzale en el País Vasco/Navarra y 152 de agrupaciones «sospechosas».

Además, ayer también finaliza el plazo para que ASB presente ante la sala del artículo 61 del Tribunal Supremo, creada para la ilegalización de Batasuna, las alegaciones de esta formación contra la decisión del Ministerio de Interior de no admitir su inscripción en el registro de partidos políticos.

ASB fue la primera posibilidad elegida por la izquierda abertzale para participar en las elecciones. El pasado 27 de marzo presentó en el registro de Interior los estatutos de la nueva formación, pero una semana después, el 3 de abril, la Fiscalía y el Abogado del Estado, presentaron una solicitud de ilegalización por considerar que no cumplía la Ley de Partidos.

El futuro de ASB, partido inscrito por dirigentes de Batasuna, lo decidirá, por tanto, el Tribunal Supremo en los próximos días y previsiblemente será declarado ilegal por ser considerada una continuación de Batasuna. Ante la demanda de ilegalización contra ASB por el Gobierno, los dirigentes de Batasuna comenzaron un proceso para recoger firmas en los municipios vascos y navarros con el objetivo de presentar agrupaciones de electores con el nombre de cada localidad seguido de los términos Abertzale Sozialistak.

No está claro que las candidaturas puedan ser ilegalizadas, ya que públicamente Batasuna no ha apoyado la presentación de ANV y el Gobierno y la Fiscalía han reconocido que es legal «a día de hoy», como dijo el Fiscal General, Cándido Conde-Pumpido, y «cumple inicialmente todos los requisitos legales», como apuntó la vicepresidenta Fernández de la Vega.

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