El líder del PP, Mariano Rajoy, acusó ayer al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de haber influido directamente en el Ministerio Fiscal para conseguir la absolución del líder de Batasuna, Arnaldo Otegi: «No ha dejado a los jueces que se juzgue a Otegi». Una acusación a la que respondió la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que reiteró que desde el Ejecutivo «ni ahora, ni antes, ni nunca» se dan instrucciones a la Fiscalía General del Estado y denunció que Rajoy «se está permanentemente saltando todos los límites» del juego democrático.
«Lo de Otegi no es más que el penúltimo escándalo de un presidente del Gobierno que va hacia ninguna parte; es un trato de privilegio a una persona que incumple la Ley, que liquida el Estado de Derecho; en román paladino, significa que Zapatero no ha dejado a los jueces que se juzgue a Otegi», remachó Rajoy durante su discurso de clausura de la Interparlamentaria del PP, celebrada en Valladolid. Por ello, advirtió que los populares no se van «a callar» y continuarán preguntando al Gobierno por este asunto en el Congreso «si no no cumpliría como líder de la oposición».
Según Rajoy, «nadie le ha dado a Zapatero ni un sólo voto para que haga esto».
Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Leopoldo Barreda, solicitó ayer la dimisión del fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos o su cese por parte del Gobierno, «en vista de su incapacidad para perseguir el delito» en el caso de Arnaldo Otegi.La vicepresidenta del Gobierno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, quiso dejar claro que aunque el Ejecutivo «dirige la política criminal» en «ningún caso» se ha dado «ninguna orden y ninguna instrucción a la Fiscalía o al fiscal». «En democracia es así», manifestó De la Vega, que añadió que «las reglas de funcionamiento» de la Administración de Justicia y del Poder Judicial están «claramente establecidas en la Constitución española y en la ley». «Al fiscal le incumbe el ejercicio de la acción penal y la formulación de la acusación», mientras que «a los jueces y a los tribunales les corresponde, en función de las acusaciones, adoptar las decisiones».