El pleno del Congreso rechazó ayer una proposición no de ley para que la Fiscalía persiga las actuaciones públicas de los dirigentes de Batasuna presentada por el PP, que volvió a quedarse solo y a recibir las críticas del resto de grupos, que consideran este tipo de iniciativas «electoralistas».
La defensa de la proposición del PP, rechazada con 125 votos a favor y 170 en contra, corrió a cargo de la diputada del PP María Eugenia Martín Mendizabal, quien aseguró que, tras la llegada del PSOE al Gobierno, Batasuna-ETA ha ido «pasito a pasito» recuperando espacios en la vida política y social.
«Los espacios que ellos ganan son espacios que perdemos los demócratas y que pierde la libertad», añadió la diputada quien subrayó que esa «hiperpresencia» de Batasuna ha motivado su proposición, en la que se insta al Gobierno para que el Fiscal General del Estado persiga las actuaciones de la formación ilegalizada.Como muestra de esa «hiperpresencia», Martín recordó las «ruedas de prensa» que han celebrado en el último año, a las que hay que sumar -dijo- la convocatoria de una huelga general, la celebración de «una asamblea nacional y de concentraciones y manifestaciones por De Juana Chaos» así como «múltiples actos de 'kale borroka'». Tras acusar al Gobierno de «no hacer nada» mientras Batasuna actúa como si fuera legal, subrayó que es su obligación «investigar y poner a disposición de la Justicia las pruebas de esos delitos o presuntos delitos».
Por su parte, el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, criticó que el Gobierno esté invirtiendo más tiempo en que los «terroristas» puedan estar en las «listas electorales» para los comicios del 27 de mayo que en preocuparse por llevarlos a la cárcel. Desde el Congreso, Zaplana insinuó que la nueva campaña de extorsión de ETA podría estar destinada a «financiar» la «campaña electoral» de Batasuna.