EFE-LAS PALMAS
Un nuevo caso de supuesta corrupción urbanística en Canarias originó la detención del alcalde de Mogán (Gran Canaria), Francisco González, del Partido Popular, y de otras cuatro personas vinculadas al ayuntamiento de este municipio turístico del suroeste grancanario.
Los otros detenidos son la primera teniente de alcalde, Onalia Bueno García, también del PP; el secretario del Ayuntamiento, Angel Sutil Nesta; el funcionario jubilado Marcelino Martín Artiles, que fue jefe de la oficina de Urbanismo de Mogán, y Manuel de León Toledo, colaborador de la primera teniente de alcalde.
Los detenidos están acusados de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, actividades y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y tráfico de influencias, cometidos parte de ellos en la firma de un convenio del Ayuntamiento de Mogán con la empresa promotora Anfi-Tauro, perteneciente a un grupo internacional que promueve complejos turísticos.
Este nuevo caso de presunta corrupción destapado ha generado un nuevo cruce de acusaciones entre los políticos canarios del PSOE y el PP. Mientras los socialistas acusaron a los populares de nadar en una «ciénaga infecta», según palabras del secretario general del PSC, Juan Carlos Alemán, el presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria, replicó que «van siendo demasiadas casualidades« que haya más detenciones en Ayuntamientos del PP en Gran Canaria, «que es, qué casualidad, donde se presenta como candidato el ministro de Justicia», Juan Fernando López Aguilar.Las presuntas irregularidades en la firma del convenio fueron denunciadas en junio en la Fiscalía Anticorrupción por dos concejalas que sostenían que el convenio firmado con la promotora turística Anfi-Tauro establecía compensar al consistorio con tres parcelas que no han revertido al patrimonio público.