El Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga, que dirige la «Operación Medina», la de mayor envergadura en la lucha contra el fraude fiscal de España con 45 detenidos y 38 registros en nueve comunidades autónomas, pidió inhibirse a favor de la Audiencia Nacional dada la gravedad y el tipo del delito.
Fuentes judiciales informaron ayer de que la juez titular del juzgado, Ana Pérez Blanco, quien decretó el secreto de las actuaciones y ordenó los registros, planteó su inhibición al abarcar el caso a diversas comunidades autónomas además de por la característica delictiva de que se trata.
Según el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia el enjuiciamiento de las causas por delitos de defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia.La delegada de la Agencia Tributaria en Andalucía, Pilar Fernández Marín, explicó que esta operación ha actuado contra toda una trama organizada para eludir el pago del IVA que habría dejado de ingresar en las arcas públicas unos 400 millones de euros, correspondientes al 16 por ciento de este impuesto que grava unas ventas de 2.500 millones de euros.