La Comisión Europea dictaminó ayer que las nuevas condiciones a la OPA de E.ON sobre Endesa, que han sido aceptadas por el grupo alemán, siguen sin respetar la legislación comunitaria, y dio al Gobierno español hasta el próximo 13 de diciembre para responder a esta decisión.
En su «evaluación preliminar» sobre la resolución del Ministerio de Industria que modificó los requisitos impuestos por la CNE a la operación, Bruselas dice que las nuevas medidas violan el principio de libre movimiento de capitales y de libertad de establecimiento y algunas también el de libre movimiento de mercancías.
A pesar de esta conclusión, Bruselas ha optado por no dar un paso más en el procedimiento de infracción abierto a España por este caso y, así, en vez de enviarle un «dictamen motivado» (paso previo a la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE), le ha dado un nuevo plazo para explicar sus argumentos. La decisión de ayer se refiere en exclusiva a las condiciones diferentes o adicionales adoptadas por Industria el 3 de noviembre.
Ese día y en respuesta a varios recursos de las empresas implicadas, Industria suprimió las condiciones más polémicas, como la de obligar a E.ON a desprenderse de parte de los activos de Endesa, resolución que fue aceptada por el grupo alemán.