AGENCIAS-MADRID/TENERIFE
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reiteró ayer al Partido Popular su petición de consenso en materia de política migratoria y aseguró que el Gobierno «nunca cerrará las puertas para el posible entendimiento en cuestiones que son de Estados.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega reconoció que de momento el Ejecutivo cuenta con la voluntad del PP para participar en la subcomisión que se creará en el Congreso de los Diputados para abordar entre todos los partidos una política común.
De la Vega agradeció este gesto a los 'populares' y destacó que la creación de este órgano parlamentario supone «un paso muy importante para lograr un auténtica política común y de Estado» en la materia.
Según dijo, los distintos grupos están «dispuestos a encontrar un punto de encuentro para construir entre todos una política común migratoria».
La vicepresidenta significó que el único que se ha mostrado crítico «de forma abierta» es el PP, si bien no quiso polemizar con esta formación política desde la «posición de responsabilidad del Gobierno». «Todos los grupos han coincidió en que no se puede pedir una política común a la Unión Europea como dice Mariano Rajoy y no tenerla nosotros», apuntó.En cualquier caso, De la Vega cree que todos los partidos políticos coinciden «mucho» y que «muchas cosas» que plantea el Partido Popular están recogidas en el documento de bases redactado para la puesta en marcha de la subcomisión. «Es positivo que en el Parlamento haya un lugar para un debate permanente y que haga propuestas», indicó.
De hecho, se mostró convencida de que entre todos los partidos se avanzará porque comparten que la inmigración es «un gran reto» que afecta a la convivencia al futuro, que es necesaria la llegada de extranjeros de manera ordenada, con derechos y obligaciones, y que se debe luchar contra la inmigración clandestina.
Por otra parte, el gobierno de Canarias se dirigirá formalmente al Ejecutivo para «recordarle» su obligación de consultarle «en la toma en consideración de asuntos de Estado que afecten» al Archipiélago, al no haberse pedido su opinión en negociaciones sobre inmigración con países africanos.
Así lo acordó ayer el Consejo de Gobierno autonómico en una reunión que celebró en Las Palmas de Gran Canaria, al término de la cual el secretario del Ejecutivo regional, Antonio Castro, explicó que la obligación de «esa consulta que debe hacer» el Estado se establece en el artículo 38 del Estatuto de Autonomía vigente.
Pese a ello, desde el Gobierno «se han negociado tratados con Guinea Conakry, Gambia y Senegal respecto a las avalanchas de inmigrantes y no se ha informado», recalcó Castro.
Matizó, en cualquier caso, que ése es, al entender de la Comunidad Autónoma, sólo el último episodio que apunta a «la conveniencia de, en el fondo, recordar ese artículo», en la medida en que aseguró que «no es la primera vez que se hacen estas cosas así».
Precisamente ayer, la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, estuvo en Tenerife donde anunció que antes de final de año la comunidad contará con un «gran buque» de Salvamento Marítimo y consideró que el Gobierno español ha hecho un «esfuerzo sin precedentes» en su lucha contra la inmigración irregular, «y ha dado unos resultados magníficos». La ministra, que visitó el centro de Coordinación de Salvamento de Tenerife y después se trasladó al puerto santacrucero para mantener un encuentro con dos tripulaciones, indicó que todo el Ejecutivo trabaja para evitar que salgan más inmigrantes de las costas africanas.