El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, pidió ayer que se deje «de marear la perdiz» después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dictaminase que el informe que relacionaba a ETA con el 11-M es falso e imputase a sus autores un delito de falsificación documental. La investigación judicial sobre estos hechos llevará a descubrir «quiénes han instigado» a los tres peritos imputados «a falsificar un documento», aseguró por su parte el PSOE.
«El 99% de los ciudadanos ya sabe la verdad de lo que pasó», juzgó Sevilla en referencia a la Comisión de Investigación del Parlamento y a la investigación judicial. «Por tanto, no sólo por respeto a las víctimas y a las familias de las víctimas, que dejen de marear la perdiz», aseveró. Según el ministro, el PP en su afán de buscar teorías «cada vez más complicadas» está intentando «salvar las responsabilidades que pudieran haber tenido las personas que tenían responsabilidades tanto el día del atentado como los días posteriores».
Con esa actitud, el PP, según Sevilla, «está poniendo en riesgo el funcionamiento de la democracia y de las instituciones. Así, el ministro confió en que este auto lleve «a la reflexión» al PP y su líder, a quien pidió que «diga alguna vez qué es lo que piensa sobre este asunto, porque hasta ahora no ha tenido ideas muy claras al respecto».