La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, centró ayer su intervención ante los embajadores españoles en el fenómeno de la inmigración ilegal y les conminó a explicar en sus países de destino de que España «no va a tolerar que sigan llegando» inmigrantes indocumentados.
De la Vega subrayó que es «necesario que se ponga fin» a la inmigración irregular y que la obligación del Gobierno y sus embajadores es la de trabajar porque en España sólo haya una inmigración legal y ordenada. «En consecuencia, es necesario hacer saber a los países de origen de los inmigrantes que estas semanas están arribando a nuestras costas que no vamos a tolerar que sigan llegando, que no vamos a seguir aceptando que se incumplan los acuerdos bilaterales y multilaterales alcanzados y que estamos dispuestos a actuar con toda firmeza», hizo hincapié.
En este sentido, fue tajante en su mensaje a los embajadores: «Repito, que quede bien claro. Todo el que entra en España de manera irregular, más tarde o más temprano saldrá de España. Esto deben saberlo tanto los que llegan como los gobiernos de los países de los que llegan», dejó claro.Ante la «intensificación» del fenómeno migratorio proveniente del Àfrica subsahariana, se hace «inaplazable» incorporar a este continente de modo «más relevante» en la política exterior española y de ayuda al desarrollo, así como la solidaridad europea ya que un «fracaso» en este ámbito puede conducir a una «seria regresión» en el ideal de una Europa más unida.
«Es incuestionable que el principio de solidaridad entre los Estados de la Unión tiene necesariamente que funcionar en el tema migratorio y se ha convertido ya en una auténtica prueba de fuego de la capacidad de la Unión para comportarse como una verdadera entidad política. Vuestra labor de sensibilización e información ante los respectivos gobiernos es especialmente importante, yo diría más, resulta determinante», les dijo a los representantes de España en el exterior.
La inmigración masiva de los últimos meses constituye, a su juicio, un ejemplo más de cómo un problema interior no puede resolverse «sin una activa acción exterior» y, por tanto, «sin una mayor lubricación de los mecanismos de la cooperación internacional, para hacerlos más ágiles y operativos».
«El planteamiento del Gobierno es general y omnicomprensivo y pretende abordar todos los aspectos de la política de inmigración. Somos conscientes de que sólo mediante una visión integral del fenómeno que contenga políticas a largo, medio y corto plazo podremos afrontar este complejo fenómeno, que no es nuevo pero que está alcanzando proporciones preocupantes», apuntó.
En cuanto a las políticas a largo plazo, la vicepresidente habló de políticas de codesarrollo que «ataquen» las razones de fondo que conducen a muchos hombres y mujeres a abandonar sus países y familias. A medio plazo, subrayó la necesidad de políticas de cooperación que permitan a los países de origen mayor autonomía en su gestión demográfica.