EFE-SANTA CRUZ DE TENERIFE
El Gobierno canario advirtió ayer de que la inmigración es un problema de todos los españoles y europeos y que por eso no pide solidaridad, sino que el Estado cumpla con responsabilidad sus funciones, entre ellas repartir de forma obligatoria los menores entre las comunidades autónomas.
Adán Martín, y la consejera de Asuntos Sociales, Marisa Zamora, dieron una rueda de prensa tras una reunión del gabinete de crisis sobre inmigración y exigieron que se mantenga la política de derivación de inmigrantes entre todas las comunidades, porque a su juicio está funcionando bien.
Martín afirmó que a su Gobierno le entristece que algunas comunidades pongan en cuestión los acuerdos de reparto de inmigrantes. Además, pidió que se corrija la dispersión de competencias en la Administración central con la creación de un mando coordinador en política de inmigración, sea éste un gabinete de crisis, un comisionado especial o un ministerio.
«No han entendido nada», dijo Martín respecto al cuestionamiento por algunas comunidades de la política de reparto de los inmigrantes que llegan a Canarias, porque entran en la frontera española y europea y por tanto «es un problema que afecta a todo el territorio».Nadie cuestiona que los inmigrantes que llegan directamente a la Península y cumplen su periodo de internamiento puedan moverse libremente de una comunidad a otra, lamentó, y agregó que muchos pretenden llegar a otros países de Europa, a sus antiguas potencias colonizadoras, de manera que «la libertad de movimientos lleva a cada uno a su lugar».