La operación conjunta hispano-francesa contra el aparato de extorsión de ETA se ha saldado por el momento con doce detenidos, siete en Francia y cinco en España, a la espera del estudio de la documentación incautada en los registros practicados en domicilios y locales de ambos países.
La operación, que todavía está abierta, la han dirigido el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, y la juez antiterrorista francesa Laurence Levert, y la fecha de la intervención, según el ministro español de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, estaba decidida desde hace una semana, después de dos años de pesquisas.
El origen del proceso está en el sumario que sobre la financiación etrra abrió la Audiencia nacional española en 1998, y la ha desarrollado un equipo conjunto de policías españoles y franceses, creado para investigar esta rama de ETA, aunque el sumario específico contra los residentes en territorio galo no fue abierto allí hasta el año pasado.
En aquella causa, que abrió el juez Baltasar Garzón para investigar el pago del llamado 'impuesto revolucionario' por parte de algunas empresas, figura entre los procesados el huido Jon Salaberria, ex parlamentario de Sozialista Abertzaleak (sucesora de Batasuna en el Parlamento vasco). Entre las empresas que pagaron está Azkoyen, organización navarra dedicada a las máquinas expendedoras. Su consejo de administración admitió haber pagado a ETA 37 millones de pesetas, y documentos incautados a la banda ratificaron que así figuraba en su 'contabilidad'.En la operación se han embargado bienes patrimoniales con un valor superior a los 700.000 euros, y bloqueado los saldos de más de medio centenar de cuentas bancarias en España y Francia.