El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuso ayer abrir expediente disciplinario «por falta muy grave de desatención en la tramitación de los procedimientos judiciales» al magistrado instructor del 11-M, Juan del Olmo, por la excarcelación de Saed El Harrak.
El jefe del Servicio de Inspección, José María Gil Sáez, indica en su informe que la puesta en libertad de El Harrak, uno de los procesados por los atentados del 11-M en Madrid, «fue debido a una desatención» por parte del juez de la Audiencia Nacional, Juan Del Olmo, «en el cumplimiento de sus obligaciones». Esta propuesta, que será estudiada en la Comisión Disciplinaria el 7 de junio, podría conllevar desde un mes de suspensión hasta tres años, e incluso la separación del servicio y el traslado forzoso.
«Todo el error que desembocó en la excarcelación del inculpado -el pasado 10 de mayo- fue debido a una falta de control en el plazo de la prisión provisional del encartado», añade el informe, que consta de quince folios. Además, realiza una cronología de lo sucedido hasta que la juez Teresa Palacios «hubo de dictar el auto de libertad sin que hubiese ya opción de prorrogar la medida cautelar».
Según explica, «creemos que ello evidencia la omisión de un sistema de control efectivo de las causas con preso que garantice la adecuada vigilancia de los plazos y límites temporales de las situaciones de prisión provisional por parte del magistrado Del Olmo».
Esta conducta podría ser encuadrable en la falta disciplinaria recogida en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que señala que son faltas muy graves «la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales».
Del Olmo ha admitido que fue un error suyo -bien de transcripción mecanográfica o «de apreciación» al comprobar las fechas en el listado informático de presos por el 11/M- el que propició la excarcelación.