EFE-MÀLAGA
El titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga ha dado un plazo de cinco días al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz para que ingrese voluntariamente en prisión por un delito urbanístico en el caso de las licencias de obras de «Banana Beach», informaron ayer fuentes judiciales. Las fuentes explicaron que ahora sólo cabe un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial -que ya han presentado las defensas de algunos acusados-, la solicitud de indulto que han entregado todos o un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo para que suspenda la ejecución del ingreso en prisión.
El plazo otorgado a los condenados contará a partir de que reciban la notificación judicial, lo que ya ha ocurrido en alguno de los casos. Diversos catedráticos de Derecho discrepan sobre si estos recursos paralizan o no la orden de ingreso en prisión, ya que mientras algunos entienden que por «prudencia judicial» podría suspenderse al tratarse de una pena pequeña, otros no lo tienen claro debido a la «complejidad» de la materia.
Muñoz, que en el momento de los hechos actuaba como alcalde accidental, fue condenado junto a otros seis ex ediles del Consistorio, Rafael González Carrasco, María Luisa Alcalá Duarte, Mario Jiménez Notario, Manuel Calle Arcal, Juan Antonio Yagüe Reyes -hermano de la ex alcaldesa Marisol Yagüe- y Dolores Zurdo Padilla.Además de la pena de cárcel, todos fueron condenados a ocho años de inhabilitación por delito consumado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación funcionarial urbanística y se absolvió al que fuera alcalde, Jesús Gil y Gil, por haberse extinguido su responsabilidad criminal por fallecimiento.
El juez dictó el pasado 23 de febrero un auto en el que ordenaba la ejecución inmediata de la pena de seis meses de cárcel que le fue impuesta a Julián Muñoz y sus compañeros de corporación.
Julián Muñoz ha sido ya condenado en dos ocasiones por delito urbanístico. Actualmente, Muñoz tiene casi un centenar de procedimientos abiertos en la Audiencia de Málaga por irregularidades urbanísticas, además de otras causas en otros órganos judiciales. Debido a ello, es el ex alcalde con más procedimientos penales abiertos en España, y se enfrentará a penas que oscilan entre los 18 meses y dos años de prisión además de inhabilitación para empleo o cargo público de entre ocho y diez años.