El Pleno del Senado aprobó ayer por unanimidad el informe de la Comisión General de Comunidades Autónomas de esa Cámara favorable a la disolución del Ayuntamiento de Marbella. El informe se trasladará al Gobierno para que el Consejo de Ministros de mañana determine la disolución de la Corporación marbellí.
El acuerdo favorable del Senado es, junto con el informe que emitirá hoy la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), el requisito previo necesario para que el Gobierno pueda acordar la disolución del Consistorio de Marbella ante los casos de corrupción descubiertos entre sus miembros. Aunque no es preceptivo, el Consejo de Estado también informará al Gobierno antes del viernes.
La sesión estuvo marcada al final por las declaraciones del senador 'popular' Joaquín Luis Ramírez, quien acusó a la Junta de Andalucía de poder haber incurrido en «connivencia» con los supuestos casos de corrupción del Consistorio de Marbella, lo que propició que el presidente del Senado, Javier Rojo, le pidiera retirar del acta esa «imputación» al gobierno andaluz.Hasta en tres ocasiones pidió Rojo al senador del PP que retirara sus palabras, pero Ramírez se negó porque, a su juicio, lo que había dicho no constituía una «imputación».
Las declaraciones del parlamentario 'popular' propiciaron las respuestas al final del debate de los portavoces del PSOE, Joan Lerma, y del PP, Pío García-Escudero, quienes también intercambiaron acusaciones de no haber hecho lo suficiente por evitar la situación en Marbella desde sus respectivas estancias en el Gobierno de España.