La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados dio ayer luz verde al Título III del Estatut catalán, del Poder Judicial, con el voto en contra del PP y el rechazo de ERC a algunos puntos. El acuerdo entre PSOE, CiU e ICV ha permitido que se suprima que el catalán sea requisito y se quedará en «mérito», y también se permite que la Generalitat tenga la potestad de cambiar la planta judicial, aunque por delegación del Gobierno central.
PSOE y CiU cerraron el acuerdo sobre el Título del Poder Judicial en la reunión preparatoria que celebraron sus negociadores el domingo. ICV se sumó ya en la mañana del lunes. La principal discrepancia que hubo que limar fue el artículo 107.2. Los socialistas querían limitar la competencia de la Generalitat para crear secciones y juzgados y modificar la planta judicial de acuerdo con el Estado y los partidos catalanes rechazan la intervención de la Administración central.
Al final, el punto intermedio al que se llegó fue dejar que la Generalitat pueda realizar modificación, siempre y cuando sea por delegación del Gobierno del Estado. El pacto incluye la modificación del artículo 102, por el que el conocimiento del catalán se queda en «mérito» y no en «requisito» para el personal de la Administración catalana de Justicia (ERC anunció que seguirá defendiendo que el catalán sea obligatorio), y del 101, para que los fiscales queden excluidos de las competencias del Consejo de Justicia de Catalunya para convocar concursos para cubrir plazas vacantes.El debate, como en los días precedentes, fue tenso. Ignacio Astarloa, portavoz del PP en materia de Justicia, aseguró que el título aprobado «consuma las viejas aspiraciones de los partidos nacionalistas» y consagra «un Poder Judicial propio, completo y distinto del constitucional». López Garrido, secretario general del PSOE en el Congreso, aseguró que el modelo aprobado «avanza en la línea que la Constitución prevé para el Estado de las Autonomías» y es «impecablemente» fiel a la Carta Magna. Los convergentes se mostraron muy satisfechos e incluso Jordi Jané llegó a decir que el texto aprobado es «una revolución».