El segundo aniversario del 11-M ha devuelto a la actualidad el revuelo político sobre aquella trágica jornada. El presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró ayer que si algunas de las informaciones que se han publicado estos días poniendo en duda algunas pruebas son ciertas, se podría anular el sumario que sigue en la Audiencia Nacional Juan del Olmo.
La mecha de la trifulca política la prendió la información publicada ayer por «El Mundo». Según la misma, la mochila que se encontró en la comisaría de Puente de Vallecas no la recogió la policía del tren que hizo explosión en El Pozo. El inspector jefe de Policía Miguel Àngel Àlvarez remitió una carta en octubre de 2004 a la Dirección General del cuerpo. Del Olmo habría interrogado a Àlvarez el jueves, y ante él negó que la bolsa que sirve como prueba fuera la que figuraba entre las pruebas recogidas del tren.
Rajoy utilizó esta información para poner en duda el proceso judicial. «Toda la investigación y todo el sumario parten de la existencia de la mochila. Ahora se nos dice que no estaba ni en el tren ni en la estación, y se lo dice al juez Del Olmo un policía que estaba al frente de las operaciones», dijo un Rajoy que llegó advertir que «si se confirma esto, podría anular la investigación y el sumario». «Lo que pido es que se nos diga si es verdad o mentira», añadió.
El presidente del Gobierno pidió al PP «plena confianza» en el proceso judicial, en la actuación de los jueces, de los fiscales y de las Fuerzas de Seguridad: «Dejemos que trabajen los jueces y la Justicia, porque este país tiene instituciones fuertes y sólidas y no tengo ninguna duda de que la investigación judicial concluirá con la verdad de los hechos y la delimitación de las responsabilidades».La respuesta del PSOE fue incluso más dura. «Nos preguntamos si el señor Rajoy se ha vuelto loco al pedir la nulidad del sumario del 11-M y si quiere que salgan a la calle los supuestos terroristas detenidos y enjuiciados. La pregunta es: ¿acaso no quiere que haya un juicio sobre el 11-M y una condena de los presuntos terroristas?», dijo el secretario general del grupo socialista en el Congreso, Diego López Garrido.
Pero la respuesta más contundente fue la de la Dirección General de la Policía. «Es inaceptable que dirigentes políticos siembren de sospechas y de dudas la honradez y profesionalidad de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado», afirma. Además, todos los miembros de la minoría progesista del CGPJ, a excepción de Martínez Lázaro, pedirán a la comisión permanente del órgano de control de los jueces que aprueba un documento que «signifique la improcedencia» de las palabras del líder 'popular', que «entrañan una extraordinaria gravedad en cuanto que constituyen una intolerable injerencia en la labor judicial».