AGENCIAS-BILBAO/EFE
La nueva campaña de ETA de extorsión a empresarios vascos, en la
que se eleva el nivel de amenaza directa contra la vida de sus
familiares, ha concitado la repulsa y condena unánime de las
principales fuerzas políticas vascas, la patronal y el Ejecutivo de
Vitoria. La remesa de cartas de ETA a empresarios vascos exigiendo
el pago del denominado «impuesto revolucionario», confirmada por
fuentes de la lucha antiterrorista, se diferencia de las anteriores
en que en las misivas se les advierte de que es «la última»
reclamación que van a recibir y se amenaza con atentar contra sus
familias.
El texto ha sido recibido por varios empresarios cuyos negocios han sufrido la colocación de bombas por parte de ETA en los últimos meses y, según fuentes de la lucha antiterrorista, las misivas se han enviado al País Vasco, Madrid, Barcelona e, incluso a Balears. La Confederación Empresarial Vasca, Confebask, lamentó la «crueldad» de las cartas de ETA y consideró que representa «un jarro de agua fría contra las esperanzas» de un proceso de paz.
Fuentes de la patronal vasca recalcaron que las misivas «constituyen una muestra más del desprecio» de ETA hacia «quienes son víctimas de sus acciones de chantaje, violencia y coacción, que ahora son los empresarios, sus familias y los trabajadores de las empresas amenazadas». La portavoz del Gobierno Vasco, Miren Azkarate, recordó que «en más de una ocasión» Ibarretxe ha denunciado la extorsión, el chantaje y las amenazas de las que han venido siendo objeto empresarios, comerciantes y profesionales y concluyó que hoy es una «buena ocasión para volver a expresar la solidaridad» con estos colectivos sometidos.El PNV, por boca de Íñigo Urkullu, denunció la «ausencia total de valores de quienes parecen defender que la tortura psicológica, la amenaza y la extorsión se pueden justificar».