La Ponencia del Congreso de los Diputados encargada de emitir un dictamen sobre el proyecto de Estatut dio ayer su visto bueno al Título del Poder Judicial, que supone el desarrollo autonómico de la Justicia en Catalunya y que tendrá su cúspide con la reforma anunciada de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
La ponencia para la reforma del Estatut acordó ayer eliminar que el conocimiento de la lengua catalana sea un requisito para aquellos magistrados, jueces o fiscales que quieran ocupar una plaza en Catalunya.
Los ponentes, en vez de «requisito», establecieron incluir que el conocimiento suficiente de la lengua catalana «se valorará específicamente y singularmente» para obtener una plaza en los correspondientes concursos de traslado. Así se acordó en la cuarta reunión de la ponencia para la reforma del Estatut, que se celebró en el Congreso y duró aproximadamente tres horas.
Hubo acuerdo finalmente en torno a este título que consolida al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya como última instancia jurisdiccional de todos los procesos iniciados en el territorio, que convierte al fiscal jefe superior de Catalunya en la máxima figura de dicho Tribunal y que permite que el Consejo de Justicia de Cataluña sea el órgano de gobierno del poder judicial en la región.Asimismo, tras el acuerdo alcanzado ayer, la Generalitat tendrá competencia normativa -y no legislativa como constaba en el texto procedente del Parlamento de Catalunya sobre el personal judicial, así como podrá gestionar los medios materiales de la administración de justicia.