EFE-MADRID/BARCELONA
El acuerdo definitivo en torno a la reforma del Estatut de
Catalunya, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y CiU y la
aceptación de este por parte de IC/V, queda pendiente de ERC, que
rechaza la fórmula pactada para definir Cataluña y cree que hay que
seguir negociando la financiación. El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, recibió ayer por separado en La Moncloa a
los dirigentes de ERC Josep Lluis Carod-Rovira y Joan Puigcercós y
al presidente de IC/V, Joan Saura, para darles a conocer el acuerdo
que alcanzó en la madrugada de ayer con el líder CiU, Artur Mas, en
torno a la reforma del Estatut.
Algunos de esos aspectos acordados tras la maratoniana reunión entre el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de CiU, Artur Mas, podrían ser abordados en una nueva ronda de contactos. En materia de financiación la propuesta se centra en la creación de una Agencia Tributaria en Cataluña consorciada con el Estado y que convivirá con la actual. Los gobiernos central y catalán han establecido un plazo de dos años para formar esa Agencia y han abierto la posibilidad de que más adelante concentre toda la actividad fiscal.
También, dentro del ámbito de la financiación, el Gobierno ha aceptado aumentar la llamada cesta de impuestos, de tal forma que se amplía al 50 por ciento el tramo del IRPF, al 50 por ciento el del IVA y al 58, el de los tributos especiales (alcohol, tabaco y carburantes).
Asimismo, el acuerdo entre CiU y PSOE prevé que se reconozca lo que entieden como «deuda histórica» de inversión pública del Estado en Catalunya, que se pagará en los próximos siete años, según explicó el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida.Duran Lleida señaló que el acuerdo establece que se analizarán los últimos diez años para ver en qué porcentaje por debajo del PIB catalán quedaron las inversiones públicas del Estado en Catalunya, y de este cálculo «se deducirá una cantidad y esta cantidad nos la pagarán en siete años».
Duran, que ha considerado «importante» este reconocimiento de la «deuda histórica» catalana en inversiones, también ha comentado que, al calcular en el futuro la inversión pública del Estado, «habrá que tener en cuenta» el criterio del PIB catalán.