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La Ley del Menor impone el alejamiento del centro escolar en caso de acoso

Incluye un tratamiento más firme de la delincuencia juvenil y medidas contra las bandas organizadas

EUROPA-PRESS-MADRID
El proyecto de reforma de la Ley del Menor recoge la posibilidad de decretar una orden de alejamiento del centro de educativo para aquellos delincuentes juveniles que hayan ejercido acoso escolar sobre un compañero, según consta en el texto remitido ayer por el Consejo de Ministros a las Cortes Generales, para su próxima tramitación parlamentaria.

El texto definitivo que se envía al Congreso recoge algunas aportaciones realizadas por el Consejo General del Poder Judicial, el Fiscal General del Estado y las comunidades autónomas. En lo que se refiere al acoso escolar, el texto establece el alejamiento del agresor, no sólo de la víctima, sino también del centro educativo al que ésta asista.

La reforma de la Ley del Menor pretende conciliar la orientación educadora de las medidas y el interés superior del menor con una mayor protección de las víctimas, con instrumentos «más adecuados» frente a nuevos fenómenos de la delincuencia, como las bandas organizadas y el acoso escolar. Así, se refuerzan los instrumentos al alcance del juez para que éste pueda dar una respuesta individualizada y más eficaz en cada caso. En líneas generales, se extienden los períodos máximos de las medidas de internamiento y se ofrece la posibilidad al juez de menores de dar «la respuesta sancionadora y reeducativa más adecuada para cada caso, tratado siempre de manera individual». También se contempla la posibilidad «excepcional» de que el delincuente ingrese en un centro penitenciario al cumplir los dieciocho años. En estos casos, el juez deberá oír al abogado de manera previa.

Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras el consejo de ministros, el objetivo del Gobierno es «reducir los delitos cometidos por los menores, sobre todo aquellos que tienen una especial gravedad». «Se trata de mejorar los instrumentos penales y procesales par luchar contra los menores y proteger, por tanto, la seguridad de los ciudadanos», destacó.

De la Vega entiende que los delitos cometidos por menores, a veces solos y otras acompañados, son en muchos ocasiones, «más de las deseadas», de actos «graves e incluso a veces brutales».

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