El Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, ha remitido una carta al fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para pedirle que estudie la posibilidad de instar a los órganos judiciales pertinentes para que Batasuna no pueda celebrar su anunciado Congreso. Peces-Barba se muestra en la misiva contrario a que tenga lugar el cónclave abertzale.
Antes de redactar la carta, Peces-Barba se dirigió a distintos colectivos de víctimas. El Alto Comisionado muestra su temor ante «lo que pudiera ser una falta de respeto a la legalidad» que podría «producir daños irreparables para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho».
La Fiscalía del Estado estudia los informes policiales que dejan «muy claro» que la ilegalizada Batasuna es la convocante del Congreso Nacional previsto el 21 en Barakaldo, contra el que actuará la justicia «si se trata de un acto orgánico» de esta formación.
Los informes elaborados por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, que son «muy similares», llegaron ayer al despacho del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska y acreditan que Batasuna «está detrás» de ese acto político.
Las investigaciones aportan los carteles y pancartas a través de los que ha sido convocado este acto y hacen referencia también a las asambleas locales que Batasuna está celebrando en el marco de esta Asamblea Nacional. También figuran las declaraciones sobre este asunto efectuadas por dirigentes de Batasuna como Arnaldo Otegi y Joseba Permach, quienes han asumido la convocatoria como propia.
Grande-Marlaska ha remitido los informes a las partes personadas en la causa en la que en el 2002 se decretó la suspensión de actividades de Batasuna por un plazo de tres años, para que presenten sus alegaciones en la «vistilla» que ha convocado el juez para el martes con el objeto de preguntarles sobre la renovación de la suspensión de actividades de esta formación, que venció el pasado agosto.