EFE/EUROPA PRESS-MADRID
El Consejo de Ministros decidió ayer revocar la condición de
asilado al líder opositor de Guinea Ecuatorial Severo Moto, «tras
demostrarse su participación en diversos intentos de golpe de
Estado», anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega. Asimismo, el Gobierno autorizó el
desembolso de 213.015 euros para reparar los destrozos que
ocasionaron en la Embajada ecuato-guineana en Madrid el pasado 24
de junio varios opositores que participaban en una concentración a
la que asistió Severo Moto, un incidente tras el que el Ejecutivo
de Teodoro Obiang retiró a su embajador en España.
En la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Fernández de la Vega señaló que la revocación de la condición de asilado que Severo Moto posee desde marzo de 1986 se ha adoptado «de acuerdo con la legislación reguladora de la concesión del estatuto de asilo y del estatuto del refugiado», reformada en 1994, así como de conformidad con la Convención de Ginebra.
El Ejecutivo considera probada la implicación de Moto en acciones «contrarias a los fines y principios» de la ONU, al realizar «una serie de actividades de planificación y organización de actos violentos en Guinea» que incluyen «la recluta de mercenarios y el tráfico de armas», según constataron en octubre diversos informes de los servicios de seguridad e inteligencia españoles.El acuerdo adoptado ayer por el Ejecutivo resuelve el expediente de revocación del asilo concedido a Severo Moto en marzo de 1986 que abrió a principios del pasado noviembre el Ministerio del Interior, ante la «presunta implicación» del autoproclamado líder del Gobierno de Guinea Ecuatorial en «la organización y preparación de actividades no pacíficas o violentas» en su país.
Ya entonces, el Gobierno de Zapatero precisó que, si finalmente decidía revocar la condición de asilado político a Severo Moto, líder del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE), «en ningún caso» se le enviaría a su patria ni a otro Estado en el que pudiera ser perseguido, sino que se buscaría «un país seguro» al que llevarlo.
Tras recoger la notificación del Ministerio del Interior en la que se le comunicaba la apertura del expediente, Moto afirmó que deseaba tener tiempo para buscar él mismo «dónde ir» antes de que le «echaran» de España, si bien aseguró que, en ese caso, prefería ir a Guinea Ecuatorial para que le mataran allí, antes de que le mataran «a escondidas» en un tercer país.
El portavoz del Partido Popular en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, Gustavo de Arístegui, afirmó que «no es prudente por parte del Gobierno» revocar el estatuto de refugiado político al opositor ecuatoguineano Severo Moto, pero admitió que éste ha cometido «graves errores» y ha hecho «acusaciones muy graves» contra España. El portavoz insistió en la posición del PP de que la medida del Gobierno «carece de suficiente prudencia y reflexión».