EFE-BARCELONA/MADRID
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ofreció ayer al presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, un pacto sobre la reforma
del Estatut catalán, texto al que su partido ha presentado más de
un centenar de enmiendas que reducirían los 227 artículos del nuevo
Estatut en «dos terceras partes» y deja a la Generalitat para
«hacer carreteras y poco más».
En rueda de prensa en Barcelona, Rajoy dijo que las enmiendas del PP tienen como «base» el Estatut de Sau de 1979, indicó que su Estatut tendría «unos veinte artículos» más que el vigente, que cuenta con 57, y precisó que plantean la supresión de dos títulos enteros, el de financiación y el de derechos y deberes, así como la definición de Catalunya como nación. El líder del PP añadió que la filosofía que inspira sus enmiendas se basa en cuatro principios: remarcar que «la soberanía reside en el pueblo español», que el Estatut debe «respetar la Constitución», que debe «preservar la igualdad entre todos los españoles» y «eliminar el intervencionismo del texto».
Rajoy subrayó que las enmiendas que presentó ayer el PP suponen «adecuar el Estatut a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional» y conceder «algunas competencias más que en 1979». Respecto a Zapatero, le emplazó «a que hable con el PP» para lograr «salir de este lío» y ha subrayado que no se debe «excluir al PP del diálogo». «No excluyo a nadie de nuestra disposición al diálogo», aseguró Rajoy, aunque, en referencia a ERC, ha advertido que «es muy difícil conciliar» posiciones con quienes dicen que la Constitución «no es la suya» e incluso «rompen hojas» de la Carta Magna.Respecto a las enmiendas presentadas por el PP, señalan que España «es una nación» y abogan por mantener el preámbulo y el título preliminar del Estatut de Sau, que se refieren a Catalunya como una nacionalidad. Asimismo, explicó que el PP enmienda el Estatut para impedir la relación bilateral entre la Generalitat y el Estado, y que otras enmiendas garantizarán que «el reparto competencial de la Constitución se respete», que «ningún Estatut pueda asumir competencias por la vía del artículo 150.2» y que un Estatut no pueda obligar al Gobierno a modificar «leyes generales», en otras palabras: reformar la Carta Magna.