El Consejo de Ministros aprobó ayer la remisión al Parlamento de un proyecto de ley por el que se reforma el recurso de casación lo que, según la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, «nos va a permitir tener una Justicia mejor, más eficaz, más garantista y más segura».
La modificación del recurso de casación ante el Tribunal Supremo aprobada ayer por el Gobierno, hará que se aplique únicamente en las infracciones que se pudieran haber producido en la aplicación del ordenamiento jurídico estatal y orientado a la unificación de doctrina ante discrepancias de los órganos judiciales inferiores.
Además de esta casación para unificación de doctrina en Derecho estatal, se regula el recurso de casación para unificación de doctrina ante los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de las Comunidades Autónomas. Los TSJ serán los órganos encargados de depurar las infracciones en la aplicación de las normas de las propias Comunidades Autónomas, consiguiendo un reparto equilibrado de tareas por parte de los distintos órganos judiciales, con lo que se evita el colapso por exceso de trabajo.La nueva configuración del recurso de casación permitirá al Supremo unificar las resoluciones contrarias a la jurisprudencia del propio tribunal o a la doctrina del Tribunal Constitucional o las contradicciones entre las Audiencias Provinciales, además de fijar jurisprudencia sobre normas nuevas.
También se suprime el denominado «recurso extraordinario por infracción procesal» y se amplía la competencia de la Sala de lo Civil y Penal de los TSJ para ocuparse del recurso de casación para la unificación de doctrina en asuntos de derecho propio de las autonomías.
Se crea también un recurso de casación en interés de la Ley cuya interposición recaerá en el Ministerio Fiscal, sin que afecte a situaciones particulares, y cuya finalidad será formar jurisprudencia sobre las normas aplicables al proceso.