El Gobierno no cederá a la Generalitat de Catalunya la recaudación, gestión e inspección de todos los impuestos del Estado, tal como reclamaba el proyecto de Estatut catalán aprobado en el Parlament por PSC, CiU, ERC e ICV-EUiA y remitido a las Cortes para su discusión.
El Ejecutivo central remitió anoche a los partidos catalanes su propuesta de financiación autonómica, que debe incorporarse a la reforma del Estatut, en la que sí reconoce la creación de una agencia tributaria catalana que gestione los tributos propios de la Generalitat y los cedidos por el Estado, según han confirmado fuentes parlamentarias.
El documento, elaborado por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, elimina sin embargo las referencias a la recaudación, gestión e inspección por parte de la Generalitat de los impuestos del Estado, según avanzaron anoche la Cadena Ser y TV3.
Asimismo, la propuesta de Solbes ha obviado el apartado referido a cuál debe ser la aportación de Catalunya por los servicios que presta el Estado y su cuota de solidaridad, ya que ha quedado «en blanco», es decir, que el Gobierno no ha entrado sobre esta cuestión.
La propuesta del Gobierno apunta que el nuevo modelo debe enmarcarse en el sistema general de financiación y ser extensible a todas las comunidades. Asimismo, no relaciona el volumen de inversiones en infraestructuras en Catalunya con el porcentaje del PIB que representa la economía catalana sobre la del conjunto del Estado y limita las competencias de la Generalitat en materia de haciendas locales.Previamente, la vicepresidenta del Gobierno y el presidente de la Generalitat se habían mostrado confiados en que habrá un «acuerdo básico» sobre el Estatut antes del 27 de diciembre, mientras CiU ve «más razonable» hablar de finales de enero, porque las «conversaciones aún no están suficientemente maduras».
Entretanto, si hace unos días el presidente de la patronal Fomento del Trabajo, Joan Rosell, criticaba el «intervencionismo» del Estatut, ayer el Círculo de Economía incidió en esta cuestión al lamentar la «escasa calidad jurídica» del texto y el clima de «crispación» de la vida política.