EFE/OTR-MADRID
El primero de los acusados en el macrojuicio a 56 miembros de
organizaciones del entorno de ETA que ayer comenzó en la Audiencia
Nacional se negó a responder al fiscal y denunció el «carácter
político» del proceso. La primera sesión del juicio se suspendió
antes de tiempo ante la incapacidad de la sala de encontrar, entre
todos los que obran en la causa, los documentos reclamados por la
defensa del ex responsable de finanzas de KAS en Vizcaya Vicente
Askasibar durante su interrogatorio.
Ante esta situación, la presidenta del tribunal, Angela Murillo, solicitó a las defensas que elaboren un listado con las piezas de convicción que necesitarán para sus interrogatorios para facilitar su localización. La vista comenzó a las 10.25 horas de la mañana después de que la Policía cotejara una a una con sus fichas policiales la identidad de los procesados, que como ya hicieran hace una semana intentaron acreditarse a la entrada del tribunal exhibiendo el llamado «DNI vasco».
La primera parte de la sesión de ayer fue empleada por las defensas para solicitar la suspensión del juicio, alegando entre otras cosas que la sala no había resuelto un recurso de súplica presentado contra la inadmisión a trámite de un incidente de recusación contra varios miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llamados a declarar como peritos.
El tribunal, que suspendió la vista durante algo más de media hora para deliberar sobre estas cuestiones, rechazó la petición de la defensa en una resolución en la que afirma que, según la ley, «no cabe recurso contra el auto que resuelve la recusación, y asimismo (...) y con más razón, contra el auto que ni siquiera lo admite a trámite». La sala también se opuso a suspender la vista por el hecho de que dos de los procesados -Unai Hernández Sistiaga y Francisco Aranburu- se encuentran huidos y un tercero -Peio Jon Sánchez Mendaza- preso en Francia, y sólo acordó suspender la causa respecto de ellos, pero continuarla para el resto de los acusados.