El Gobierno y los convocantes de la manifestación del sábado pasado contra la LOE acordaron ayer «negociar» varios aspectos de la reforma educativa durante su tramitación parlamentaria, si bien el Ejecutivo dijo que «no es posible» que la religión sea computable en el currículum.
Rodríguez Zapatero, acompañado por la ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, se reunió durante dos horas en La Moncloa con los representantes de once organizaciones de padres, centros, alumnos y profesores, en un ambiente «positivo» y «cordial», según ambas partes.
En la entrevista, el presidente del Gobierno planteó que hay «margen y tiempo» para llegar a «consensos importantes» en la reforma educativa, según aseguró en conferencia de prensa el presidente de la Confederación Nacional Católica de Padres (CONCAPA), Luis Carbonell.
El jefe del Ejecutivo, según Carbonell, precisó que el «margen» es para «modificar» la LOE en, al menos, los siguientes asuntos:
Reforzar la seguridad jurídica de los padres en la libre elección de centro, el estatuto jurídico de los centros concertados, el respeto a los idearios de cada centro, potenciar el esfuerzo, la admisión de alumnos y la mejor posición del profesorado.
También hay «voluntad» para «resolver el problema» de las enseñanza comunes, es decir «establecer unos mínimos comunes en todas las CC AA».
Preguntado por la religión, respondió Carbonell: «Se nos ha planteado que no sería evaluable ni computable, parece que Zapatero no ha dado margen para hablar de este punto».
A su vez, el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, declaró que, para el Gobierno, la educación es «un servicio público», frente a la concepción de las organizaciones como «servicio esencial de interés social».
Moraleda insistió en que la LOE no se retirará, se negociará con «voluntad de acuerdo» en el Parlamento y el tiempo no será obstáculo.
Hoy, el Grupo Socialista del Congreso iniciará las conversaciones con los convocantes de la movilización, y posteriormente dialogará con el resto de la comunidad educativa.Carbonell, en nombre de todos los convocantes, insistió en el «compromiso» del Gobierno para que la tramitación parlamentaria no sea un problema y en que hay «margen» antes de que la Comisión de Educación del Congreso apruebe el proyecto.