El ministro de Defensa, José Bono, dijo ayer que no hay «ninguna prueba o indicio» de que se hayan producido «actividades ilícitas» de Estados Unidos, en referencia al supuesto uso del aeropuerto de Palma por parte de aviones de la CIA para trasladar presos. Según diversas informaciones, aviones vinculados a la CIA habían hecho escala entre enero y septiembre de 2004 en aeropuertos como Son Sant Joan.
«No estoy en disposición de poner en la picota al Gobierno ni a Estados Unidos, un país amigo y aliado, por meras suposiciones de las que no tenemos ninguna prueba, ningún indicio y ningún fundamento», apostilló Bono.
El ministro de Defensa confesó que había hablado con el embajador estadounidense, Eduardo Aguirre, «en un contexto más amplio y de otros asuntos». Asimismo admitió que si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tuviera informes sobre este asunto «no le podría decir que sí, pero como no tiene le puedo decir que hay nada a este respecto».
El Gobierno mantiene, pese a todo, que no hay hechos que prueben la existencia de estos traslados. El ministro del Interior aseguró que hay que tener prudencia hasta conocer las conclusiones de la investigación que se ha iniciado sobre esta cuestión.Pero si se confirmaran estas informaciones, el Gobierno responderá. Alonso aseguró que estos hechos serían «gravísimos» y «no tolerables». «España tiene que tener un pleno conocimiento de lo que contiene cualquier medio de transporte, pongamos por caso un avión, que pasa por su territorio, entre otras cuestiones para aplicar sus leyes», dijo, y por eso advirtió que podría afectar «al nivel de relación entre gobiernos».
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Balears, Bartomeu Barceló, aseguró que sólo puede reabrir el caso si una acusación particular presenta una denuncia. En todo caso, recordó que su investigación, «totalmente transparente» y sin «nada que ocultar», no encontró indicios de irregularidades. «No aparecía material para seguir con la investigación. Nadie, ni la Guardia Civil ni los testigos que declararon, vieron nada que pusiera de manifiesto los delitos denunciados», explicó.
Barceló subrayó que, de las diligencias informativas abiertas en su momento por la Fiscalía sobre el asunto, no se obtuvieron ni indicios ni pruebas de que se hubieran cometido irregularidades en los aviones, por lo que todo indicaba que se hicieron los controles «ordinarios», lo que le llevó a archivar el caso.