Las ocho organizaciones convocantes de la manifestación de este sábado en Madrid prevén más de un millón de asistentes a la protesta convocada para pedir la paralización del proyecto de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y la apertura de un proceso de debate y negociación con «todos» los agentes de la comunidad educativa. A su juicio, el Gobierno no se ha sentado a hablar con todas las organizaciones para negociar la reforma.
Las más de 300 asociaciones adheridas a la manifestación, los más de 500 autobuses contratados para ir a la protesta, los dos aviones fletados desde Tenerife y Baleares y el «gran número» de personas que llegarán en tren y coche privado avalan estas previsiones que harán que la movilización sea «exitosa», según explicó ayer el secretario general de la federación de enseñanza de Unión Sindical Obrera (USO), José Luis Fernández.
Para informar de esta iniciativa, los organizadores (padres de CONCAPA y COFAPA, USO, Foro Español de la Familia, Asociación de Profesores de Secundaria, Confederación Española de Centros de Enseñanza, Confederación de Estudiantes, Instituto de Política Familiar, Asociación Nacional de Centros de Educación Especial y Coalición Democrática de Estudiantes) han desplegado más de 100.000 carteles, repartido medio millón de octavillas y editado un millón de folletos y más de 300.000 pegatinas.Así, los convocantes de la manifestación echan «la piedra al tejado del Gobierno», al que entienden que «le toca mover ficha». «Es un toque de atención al Gobierno porque no es una ley de consenso, con lo que le pedimos sentarnos a negociar», resumió este representante de profesores, que pidió al Ejecutivo «tiempo, cordura y sensatez» para debatir sobre los cambios del sistema.
Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró ayer que el Comité Ejecutivo nacional de su partido apoyará la manifestación del próximo sábado. Además, confirmó que habrá presencia de dirigentes de la organización.
El líder del PP hizo un llamamiento a su militancia para que se manifiesten en defensa de los «principios constitucionales» y de la «libertad de la enseñanza» en España.