Tras el acuerdo alcanzado entre pescadores y el Ejecutivo, los agricultores han amenazado con bloquear el país si no se aumentan antes del 25 de noviembre las ayudas al sector por la subida del precio del gasóleo. Las primeras protestas se produjeron el jueves en Teruel y Almería, aunque las organizaciones agrarias amenazan con que se extiendan por toda España en breve. El Gobierno asegura que ofrecerá dialogo a los sectores afectados, pero afirma con rotundidad que hará cumplir la ley y que «las amenazas no son un buen sistema» para pedir soluciones.
Los agricultores han lanzado un órdago al Gobierno: si no les ofrece respuesta en un tiempo prudencial, sacarán los vehículos a las carreteras y bloquearán el país. De momento se realizarán movilizaciones puntuales en Aragón, Canarias, Murcia y Andalucía.
Las quejas al Gobierno por la subida del gasóleo comenzaron la pasada semana con el paro de los transportistas, que se saldaron con un acuerdo el día 18, y continuó durante la presente con el bloqueo de puertos por parte de los pescadores.
Los agricultores niegan que se hayan aprovechado del acuerdo alcanzado entre el MAPA y los pescadores para exigir ayudas que compensen el alza de los carburantes e insisten en que el problema es que este año ha sido muy difícil y complicado para la agricultura.
Además de la sequía y las heladas, el sector se ha enfrentado al dichoso aumento del precio de los carburantes. COAG destacó que el litro del gasóleo agrícola se situó en la última semana del mes de septiembre en 66,7 céntimos, un 40,5% más que en el mismo período del año anterior.
Ante tales amenazas el Gobierno se muestra firme y asegura que hará cumplir la ley para defender el interés general de los ciudadanos. Por ello ofrece dialogo a los sectores afectados a los que advierte que las amenazas no son buen sistema para conseguir sus pretensiones. «El Gobierno no dudará a la hora de aplicar firmemente la ley para defender el interés general y los derechos de absolutamente todos los ciudadanos», aseguró la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.