EFE-NUEVA YORK/MADRID
El jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, instó
ayer a ser «muy prudentes» ante las expectativas sobre el fin de
ETA y dijo que en un eventual proceso para ello, pensará «en los
intereses generales, en los principios democráticos y desde, por y
para el Estado de Derecho». Rodríguez Zapatero hizo estas
consideraciones en la conferencia de prensa que ofreció en la sede
de Naciones Unidas, donde participó en la cumbre de líderes que
abrió la 60 Asamblea General de la ONU.
Al ser preguntado si comparte las apreciaciones recientes del Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, o del secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, en relación con un posible fin de la violencia terrorista en España, Zapatero dijo que ese es el gran deseo «amplísimamente mayoritario» de la sociedad española y que se sitúa «antes que cualquier otro».
«Ese es un proceso que, a tenor de la dura y dramática historia que hemos vivido, será largo, difícil y duro», añadió el jefe del Ejecutivo español, quien subrayó que «el Gobierno trabaja en el deseo de la sociedad española».
No obstante, instó a ser «muy prudentes» antes las expectativas que se puedan generar en relación con el fin de ETA y dijo que el Gobierno sabe que cuenta con la inmensa mayoría de los españoles para lograr ese objetivo. También subrayó que el Ejecutivo espera contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas.«Si esa eventualidad se produce (en alusión a un posible proceso para el fin de la banda terrorista), el Gobierno lo hará pensando en los intereses generales, en los principios democráticos y desde, por para el Estado de Derecho», reiteró.
Mientras, el Gobierno reiteró ayer que mantendrá la política de dispersión de presos etarras y que no transferirá al País Vasco las competencias sobre prisiones como volvió a reclamarle el Ejecutivo vasco.
Ambas exigencias las planteó el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkárraga, en una reunión con la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, convocada formalmente para abordar la situación de la cárcel alavesa de Nanclares de Oca.