La Fiscalía General del Estado se ha propuesto acabar con todos los privilegios que puedan tener los presos de ETA. El fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, ha asegurado que se están estudiando, en colaboración con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, todas las redenciones para saber si hay que anular algunas. También se estudian los expedientes académicos de los terroristas en busca de delitos en las calificaciones, matriculaciones sin cumplir los requisitos, utilización de documentación falsa para la matriculación o exámenes mientras los etarras estaban huidos.
Conde-Pumpido aseguró ayer que la Fiscalía está haciendo «un examen muy riguroso de todas las redenciones» que se han concedido a presos etarras. Si hubiese irregularidades, estas redenciones serían anuladas para evitar casos de alarma social como el del etarra Juan Ignacio de Juana Chaos, quien estuvo a punto de salir de prisión este mes de agosto pese a arrastrar condenas de más de 3.000 años de cárcel.
«Hay que aplicar la legislación vigente, que establece unas posibilidades de redención, que estaban ya vigentes en el Código Penal anterior y que reducen las condenas», y ya hay «varios expedientes» abiertos. Uno de los principales focos de investigación son las redenciones por estudios universitarios. Los privilegios de los presos etarras en la UPV han sido objeto de polémica durante muchos años.Conde-Pumpido aseguró que la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco analizan caso por caso para ver «si se anulan determinadas redenciones y con eso se prolonga el cumplimiento de la condena» y para comprobar «si se cometió algún delito al conocer determinados resultados académicas injustificadamente».
De momento, la Fiscalía dispone de un listado de 47 presos de ETA, algunos de los cuales habrían redimido condena mediante la realización de estudios en la Universidad de País Vasco. Entre estos, figuran nombres históricos de la banda, como 'Txelis', 'Macario', 'Fiti' o 'Pakito'.
El último caso que ha levantado la polémica sobre la situación de los privilegios de los etarras fue el de Zorión Zamacola, quien terminó su carrera estando huido de la Justicia. Incluso logró una matrícula de honor en una asignatura en la que su presencia en alguna de las clases era obligatoria.