EFE-ALMERÍA
El ministro del Interior, José Antonio Alonso, constató ayer que
«ha habido una cierta resistencia a la investigación» de la muerte
de un detenido en el cuartel de la Guardia Civil en Roquetas de
Mar.
Esa «resistencia», más el hecho de que se usó «al menos un arma prohibida» y los indicios de que se infligieron «tratos inhumanos» al detenido y de que hubo «abuso de autoridad», justifican para Alonso las medidas adoptadas por el Gobierno contra los implicados.
El Gobierno abrió expediente y cesó en sus funciones a un teniente, siete agentes y un alumno de la Guardia Civil imputados judicialmente por la muerte del agricultor Juan Martínez Galdeano, el pasado domingo en el cuartel de Roquetas.
Para el ministro, en declaraciones a TVE y recogidas por Efe, las medidas adoptadas son «justas y proporcionales al estado actual de la investigación».
El Gobierno, garantizó, «exigirá todas las responsabilidades» pues la Guardia Civil «no debe ver empañado el prestigio histórico que se ha ganado», por unos hechos que son «absolutamente excepcionales».
La versión del teniente y de uno de los agentes implicados es que actuaron correctamente para hacer frente a un hombre de gran fortaleza física que estaba «fuera de sí» y apunta a que los servicios médicos tardaron en llegar.
Por otra parte, el abogado de los nueve guardias civiles imputados por el fallecimiento del agricultor J.M.G., de 39 años, en el Cuartel del Instituto Armado de Roquetas de Mar (Almería) el pasado 24 de julio, Gustavo Arduán, señaló ayer que la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, José Antonio Alonso, prevista para la semana próxima para informar de la investigación es «excesiva».