El Consejo de Ministros aprobó ayer dos anteproyectos de ley que permitirán la implantación de los llamados «jueces de proximidad», que se encargarán de los asuntos de menor entidad en las grandes ciudades, y la creación de Consejos de Justicia autonómicos.
Las reformas aprobadas por el Gobierno supondrán también la redistribución de competencias entre el Tribunal Supremo, que se concentrará en la unificación de doctrina, y los Tribunales Superiores de Justicia, que se convertirán en la culminación de la organización judicial en el territorio de cada comunidad autónoma.
Además, se generaliza la segunda instancia penal -es decir, la posibilidad de recurrir una sentencia condenatoria dictada en primera instancia-, en cumplimiento de las resoluciones del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera Fernández de la Vega, aseguró que estas reformas responden al compromiso de «facilitar una Justicia rápida y eficaz, dotada con medios y recursos suficientes».
Las reformas aprobadas ayer obligarán a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y tres leyes de procedimiento: la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, se refirió a estas iniciativas como «el primer paso de un proceso ambicioso» que tiene aún un largo recorrido por delante, recordó que tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como la Fiscalía General del Estado tienen aún que pronunciarse sobre los anteproyectos y se mostró «abierto al diálogo institucional».