R.N.
El copropietario del grupo Marsans, Gonzalo Pascual, compareció
ayer como imputado ante el juez de instrucción número 35 de Madrid
para declarar en el caso sobre la privatización de Aerolíneas
Argentinas.
El juez le acusa de un presunto delito de apropiación indebida de fondos públicos por importe de hasta 204 millones de euros procedentes de las aportaciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para el pago de deudas de Aerolíneas Argentinas, propiedad de la sociedad Air Comet tras su privatización en 2001.
Air Comet está controlada por el grupo Marsans y por el presidente del Consejo de Administración de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata, también imputado en el proceso, al igual que el otro copropietario de Marsans, Gerardo Díaz. La titular del juzgado madrileño imputa además a los tres un presunto delito fiscal y otro de supuesta falsedad documental en las cuentas anuales de Air Comet.
Los hechos se remontan a diciembre de 2002, fecha del concurso de acreedores de Aerolíneas Argentinas. Air Comet habría hecho entonces figurar en su favor unas deudas ya canceladas por la SEPI en el marco de sus aportaciones para la reducción de deuda de la compañía y su reflotamiento. Así se recoge en la denuncia presentada por los acreedores de Aerolíneas Argentinas.