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El voto emigrante confirma la derrota de Fraga en Galicia

El PP logra la victoria en Pontevedra, pero no alcanza el número de votos suficientes para conseguir el escaño 22, necesario para la mayoría absoluta

Cherie Blair, esposa del primer ministro británico, fue recibida ayer en Santiago por el presidente en funciones.

OTR/PRESS-PONTEVEDRA
El órgano electoral desestimó el escrito, a lo que siguió la advertencia de los populares de que podrían recurrir ante el Tribunal Constitucional si no se esclarecía la situación antes de iniciar el escrutinio.

En total fueron 124.354 votos (un 40,76 por ciento) de los 305.017 emigrantes inscritos en el CERA los que llegaron a las cuatro Juntas Electorales provinciales de Galicia en esta trepidante jornada. La participación fue histórica, registrándose un incremento del 81,4 por ciento con respecto a las elecciones autonómicas de hace cuatro años. La provincia donde mayor número de sufragios se recibieron fue A Coruña, con más de 45.000.

Finalizado el recuento, la balanza no terminó de inclinarse del lado de los 'populares', que a pesar de conseguir la mayoría de los votos de los emigrantes del CERA, no llegaron a reunir los suficientes -necesitaban más del 65 por ciento, según estimaron en el PP- como para hacerse con ese decisivo escaño en Pontevedra que podría haberle alzado con la revalidación de la mayoría absoluta en Galicia. Logró en esta provincia el 49,6% de los votos, por el 43,6% de los socialistas y el 4% del BNG.

Todas las miradas estuvieron fijas en Pontevedra desde el primer momento. Allí se contaron las 35.562 papeletas depositadas ante la atenta mirada de los interventores y con problemas desde el principio del recuento. El proceso se interrumpió a las 10.45, cuando los ordenadores se bloquearon porque alguien pisó uno de los cables que conectan la red. Diez minutos después se reanudó el proceso con normalidad.

Pero el principal motivo de polémica en Pontevedra fue la decisión de la JEP de dar por «inexistentes» 4.604 votos en los que no constaba fecha de origen y portaban, como única referencia, la fecha de llegada a Barajas, posterior al 18 de junio, el último día que los emigrantes podían ejercitar su derecho al voto. «Al no tener la fecha del país de origen no se puede garantizar inequívocamente que el voto se ejerció dentro del plazo legal», explicó el secretario de Organización del PSOE gallego, Ricardo Varela, que consideró lógica la decisión del organismo.

El PP protestó enérgicamente por esta decisión. Federico Trillo, enviado por los populares para seguir el proceso de recuento, aseguró que «el mal funcionamiento de una administración de correos extranjera no puede prevalecer sobre el ejercicio legítimo de un derecho fundamental», como es el del voto. «Resulta evidente, notorio y palmario que si los votos llevan matasellos con fecha de recepción en el aeropuerto de Barajas del día 19 de junio, necesariamente la fecha de emisión en un país trasatlántico ha tenido que ser anterior», añadió.

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