La recuperación del tramo de IVA cedido a las autonomías y el mantener el impuesto de sociedades son las dos claves del nuevo modelo de financiación autonómica que el Gobierno va a llevar a la cumbre de presidentes del próximo mes de junio.
El Ejecutivo centralizar el IVA y no ceder el impuesto de Sociedades, como fórmulas para compensar el mayor tramo de IRPF que sí se cederá a las autonomías. En la actualidad el tramo del Impuesto de la Renta que se cede a las Comunidades Autónomas es del 33%. El Gobierno podría elevarlo por encima del 40.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llevará su propuesta de financiación autonómica a la próxima Conferencia de Presidentes, a mediados de julio.
Los planes del Ejecutivo son negociar el modelo a lo largo de 2006 y aprobarlo en 2007, para que entre en vigor un año después. Desde el PSOE se alegran de que el presidente del PP, Mariano Rajoy, haya rectificado y que el PP acepte ahora las reformas. Los populares, en cambio, argumentan que lo hacen porque, si se abre el proceso de negociación, las comunidades autónomas en las que gobiernan no pueden ser menos que las demás.Zapatero cree que la nueva financiación autonómica puede estar en vigor en 2008, al final de la presente legislatura, si se cumplen sus previsiones. La segunda Conferencia de Presidentes será el marco en el que el Gobierno desvelará su propuesta, junto con la de la financiación de la Sanidad. Esta segunda propuesta estará cerrada porque es el asunto más urgente a resolver, pero en cuanto a la financiación autonómica las cosas irán más despacio.
El jefe del Ejecutivo habló de negociar a los largo de 2006 y cerrar un acuerdo el año siguiente. Zapatero no se mostró preocupado por que este proceso pueda coincidir con la aprobación en el Congreso de los Diputados de las reformas de los estatutos de autonomía. El motivo que argumentó es que estas reformas no tienen que incluir el sistema de financiación. Sí admitirá principios generales, pero no que tengan carácter jurídico en materia de financiación, puesto que considera que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas está por encima de los estatutos.