El Gobierno consideró ayer la decisión judicial de encarcelar al líder de Batasuna Arnaldo Otegi un paso más para acabar con la banda terrorista ETA, medida que para el PP es un motivo más para la ilegalización del PCTV y que para la plataforma ilegalizada es un «portazo a las ansias de paz».
La portavoz del Gobierno vasco en funciones, Miren Azkarate, dijo que «hay actuaciones de la Audiencia Nacional que no se liberan de la sospecha de que estén motivadas por un impulso político», en tanto que el resto de fuerzas nacionalistas también criticaron esta decisión judicial.
Otegi pasó su primera noche en una celda compartida de Soto del Real, después de que ayer el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ordenara su ingreso en prisión por un presunto delito de integración en la banda terrorista ETA.
Esta decisión fue tomada después de que el líder de la ilegalizada Batasuna declarara ante el juez como imputado en una supuesta financiación de ETA a través de las «herriko tabernas».
Otegi, que puede eludir la prisión si paga la fianza que le impuso el juez de 400.000 euros, fue trasladado esta tarde al módulo de aislamiento por motivos de seguridad, un departamento en el que se le restringen los movimientos y los contactos con otros internos.
Así, el Gobierno, a través del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, expresó su respeto al auto de prisión y señaló que se trata de «un paso más en la determinación de todas las instituciones para acabar con ETA».Destacó que esta decisión se enmarca en «el compromiso de todos los poderes públicos de actuar, cada uno en su ámbito de responsabilidad, contra el enemigo común, ETA, y todo lo que le rodea, todo ese aparato de propaganda y de extorsión».
Preguntado por la posible ilegalización de EHAK, subrayó que la Ley de Partidos «está vigente y nos vincula», por lo que «en cuanto existan indicios que pongan de manifiesto una incursión en esta Ley, en los supuestos de ilegalización que establece, los órganos del Estado actuarán: el Gobierno a través de la Abogacía General y, con toda seguridad, también la Fiscalía General». En el mismo sentido se expresó el PSOE por medio de su portavoz en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien desvinculó esta decisión judicial de la posible ilegalización del PCTV.