Miles de extranjeros y empleadores apuraron ayer las últimas horas del proceso de regularización que acabó anoche, una jornada sin incidentes y en la que el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, anunció que la cifra final de peticiones girará en torno a las 700.000 y que sólo 100.000 ó 150.000 personas quedarán fuera del proceso.
El ministro, quien visitó dos oficinas de la Seguridad Social de Madrid junto a altos cargos de su cartera, explicó que las casi 700.000 peticiones -681.243 hasta las siete de la tarde- suponen cerca del 90 por ciento de personas «legalizables», ya que el máximo se eleva de entre 800.000 y 820.000, según sus cálculos.
Caldera, quien insistió en que no habrá más procesos de esta naturaleza, explicó en este sentido que de los más de 3,6 millones de extranjeros empadronados a 1 de enero de 2005, alrededor de 2,1 millones poseían permiso de residencia, es decir, había 1,4 millones de irregulares, pero de éstos 400.000 son menores o superan los 65 años, por tanto «queda un millón en edad de trabajar».
Dado que no toda la población trabaja -por ejemplo hay cónyuges en los que sólo trabaja uno de los miembros de la pareja- y «aplicando una tasa de actividad del 80 por ciento (la tasa entre españoles es del 60 por ciento), el máximo a legalizar serían 800.000 ó 820.000».
Al superarse ayer las 680.000 solicitudes y prever las 700.000 al final de la jornada, «casi el 90 por ciento se va a legalizar», añadió el titular de Trabajo y Asuntos Sociales. Además, cada una de los nuevos trabajadores inmigrantes que van a regularizar su situación «arrastrará con ellos a su cónyuge e hijos, con lo que se legalizarán más de un millón de personas». «No habrá más allá de 100.000 ó 150.000» que se queden fuera del proceso y, por tanto, en situación de irregularidad, recalcó.
Acompañado por los secretarios de Estado de Seguridad Social e Inmigración, Octavio Granado y Consuelo Rumí, respectivamente, el ministro calculó que se van a llegar a las 700.000 peticiones, una cifra que consideró un «éxito de todos los españoles».
A partir del lunes, la Inspección de Trabajo será «inflexible» con aquellos empresarios que no hayan aprovechado esta oportunidad, añadió el ministro, quien recordó la puesta en marcha de un Plan de Inspección de Trabajo específico para combatir la economía sumergida.
Por otro lado el PP reclamó ayer al Gobierno «prudencia y mucho rigor» ante la inmigración y cifró en casi un millón los extranjeros que quedarán en situación de irregularidad, según su secretaria de política Autonómica, Soraya Sáenz de Santamaría.