La Generalitat propone incluir en el Estatut un nuevo modelo de financiación autonómica de «inspiración federal» con una agencia tributaria propia consorciada o coordinada con la estatal y la recaudación y capacidad normativa sobre todos los impuestos, con una cesión al Estado no superior al 50 por ciento.
Los consellers de Economía, Antoni Castells (PSC), Relaciones Institucionales, Joan Saura (ICV-EUiA), y Comercio, Turismo y Consumo, Josep Huguet (ERC), presentaron ayer la propuesta consensuada por el tripartito sobre financiación autonómica. Castells explicó que esta propuesta es de «inspiración federal», basada en los principios de autonomía sobre ingresos y en el de solidaridad con el resto de autonomías, y que contempla un horizonte de 15 años para obtener unos ingresos similares a los que proporciona el sistema de concierto de las comunidades forales.
Asimismo, se establece el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor del nuevo Estatuto catalán, para «acordar» con el Estado el sistema de financiación de la Generalitat y, aunque el documento habla de que la aplicación será gradual, marca un máximo de «cinco años» para su puesta en marcha. El conseller Castells quiso dejar claro que aunque la propuesta es «ambiciosa, no pedimos la luna», ya que está dentro de los límites de la Constitución española, «utilizando al máximo los márgenes que permite» la Carta Magna.El documento, revisado jurídicamente por el Instituto de Estudios Autonómicos pero que no lleva su sello para preservar esta institución como espacio neutral de acuerdos futuros con CiU, aboga por que Catalunya tenga «la capacidad normativa y la responsabilidad fiscal sobre todos y cada uno de los impuestos estatales». También reivindica «participar en los rendimientos» de estos impuestos, potestad que permitiría a la Generalitat «intervenir en la fijación de los elementos esenciales de los tributos y especialmente en la determinación de sus tipos efectivos».
En cuanto a la cuota de solidaridad, la Generalitat quiere seguir contribuyendo a ella, pero delimita que «los recursos aportados o recibidos a esta solidaridad se establecerán atendiendo a sus necesidades de gasto y a su capacidad fiscal, determinada en relación a la media de las comunidades autónomas y con el grado de progresividad que se determine».