La Fiscalía General del Estado anunció ayer que está investigando si los interventores del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) en los pasados comicios son los mismos de Euskal Herritarrok (EH) en las autonómicas de 2001, un anuncio que el Gobierno respaldó pero que el PP calificó de «tomadura de pelo».
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, explicó que para confirmar si el PCTV y EH (antecedente de la ilegalizada Batasuna) tuvieron los mismos interventores, será necesario cotejar las listas de interventores de las tres provincias vascas y de Navarra de las elecciones de este año y de las autonómicas de 2001.
De confirmarse este dato, agregó Conde-Pumpido, «puede ser un elemento probatorio importante para un futuro proceso de ilegalización». No obstante, advirtió de que la interposición de una posible demanda no se haría de forma precipitada y explicó que, en su caso, «no se podrá presentar probablemente antes de la constitución del Parlamento vasco», ya que dicha demanda debe seguir unos plazos, posibilidades de defensa y periodos probatorios que hacen «inviable poder interferir en el resultado electoral ya establecido».De hecho, comentó que «si se presenta precipitadamente y no es estimada, producirá un efecto negativo porque nos inhabilitará para actuaciones posteriores». «Por tanto -indicó- no actuaremos hasta que tengamos la seguridad completa de que nuestra demanda va a ser estimada; si no la tenemos, nos abstendremos». El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, defendió la labor de la FGE y dijo que su investigación es «un acto más» de los que «viene realizando» para incorporar elementos en la evaluación de la conformidad del PCTV con la Ley de Partidos.
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, insistió en que el Gobierno actuará «con total determinación» para solicitar la ilegalización del PCTV «cuando exista un claro supuesto» de incumplimiento de la Ley de Partidos Políticos.