Mientras el PP-Menorca reclamó ayer la inmediata dimisión de Pere Riudavets como alcalde de Es Migjorn, tras haber sido inhabilitado para desempeñar cargo público durante un año, la dirección insular del PSOE decidió aplazar su pronunciamiento a esta mañana.
La gravedad del asunto enjuiciado, que ha finalizado con una contundente sentencia para el primer edil de Es Migjorn, donde también se le condena a asumir el pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular, obliga a la ejecutiva del PSOE-Menorca a medir sus palabras.
Tener un alcalde condenado -con una magistrada discrepante que propone nada menos que siete años de inhabilitación- por haber impedido el acceso de la oposición al registro municipal es una fea cuestión que, tras el reproche judicial, exige al partido al que pertenece, asumir y aplicar responsabilidades políticas. No son de recibo excusas tan peregrinas como que «en ningún caso Pere Riudavets pretendía limitar el trabajo de la oposición, sino defender el derecho a la intimidad de los ciudadanos y ciudadanas de Es Migjorn Gran». Palabras grandilocuentes que pretenden justificar lo injustificable, porque la corporación municipal está formada, en igualdad de derechos y deberes, por los concejales del gobierno y de la oposición.
Deberán otros ayuntamientos de Menorca tomar buena de lo ocurrido y evitar la aplicación de medidas similares, que son fruto de la intolerancia y del deseo de evitar la sana y democrática labor de control que le corresponde ejercer a la oposición. Pere Riudavets se equivocó y ahora deberá rendir cuentas.
Presentar una cuestión de confianza constituye una salida hacia adelante que ya anuncia el deseo de perpetuarse en el gobierno municipal. Pero no es hora de cuestiones de confianza, sino de asumir responsabilidades políticas.