El presidente del PP, Mariano Rajoy, condicionó ayer la presencia de su partido en una reunión del Pacto Antiterrorista a que el Gobierno acuda a los tribunales para promover la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK). El portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, consideró esta petición como una «imposición» que niega «la esencia misma» del Pacto ya que uno de sus fundamentos es la renuncia por parte de los dos partidos a utilizar el terrorismo en la confrontación política.
La exigencia de Rajoy, que plasmó por escrito en una carta dirigida al jefe del Ejecutivo, fue contestada por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, al recomendar al PP que «refrene su tentación» de hacer del Pacto Antiterrorista un «territorio de confrontación». Ayer por la mañana, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, había informado tras la reunión del Consejo de Ministros de que el PSOE y el PP mantenían contactos para acordar la fecha y el orden del día de una próxima reunión del Pacto Antiterrorista.
Fernández de la Vega precisaba que los portavoces parlamentarios del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y del PP, Eduardo Zaplana, habían analizado ayer este asunto a falta de acordar la fecha de la reunión. Estas declaraciones sorprendieron a Rajoy, que mandó una carta Rodríguez Zapatero. En ella, el líder del PP reclamaba al presidente del Gobierno que acuda a los tribunales para impedir que «los representantes de los terroristas» entren en el Parlamento vasco.Las palabras de Rajoy encontraron en la respuesta del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, el reclamo para que «refrene su tentación» de hacer del Pacto Antiterrorista un «territorio de confrontación» porque que este acuerdo debe estar «fuera de la agenda electoral».
Por su parte, Rubalcaba también se refirió a la petición de Rajoy para que el Gobierno promueva la ilegalización del PCTV-EHAK recordándole que el Estado de Derecho y los tribunales «funcionan con pruebas y no con sospechas, ni con convicciones». En este sentido, recordó que la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado, que son las instancias a las que corresponde aportar esas pruebas, han dicho que no son suficientes.