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El PP acusa al Gobierno por 'entregar' los papeles de Salamanca a ERC

Acebes asegura que la decisión pone en cuestión el espíritu de la Transición española

EFE-MADRID/BARCELONA
El PP volvió ayer a arremeter contra la decisión de devolver a Cataluña los papeles incautados en la Guerra Civil, una medida tomada, dijeron, por un Gobierno «entregado a las minorías independentistas más radicales», que responde a «un capricho» de ERC y que se ha tramitado como una «imposición». Un día después de que el Gobierno aprobara el proyecto de ley por el que se devolverán a la Generalitat de Catalunya los documentos incautados en la Guerra Civil depositados en el Archivo de Salamanca, diferentes dirigentes del PP criticaron la medida, con unas declaraciones con las que, según el PSOE, «insultan» a los especialistas que han avalado la decisión.

Así lo dijo el secretario de Política Institucional y Autonómica del PSOE, Alfonso Perales, quien lamentó las críticas de los dirigentes populares y afirmó que lo que están haciendo es «enredar, insultar a los investigadores que han avalado esta decisión y seguir su estrategia de crispación».

En Toledo, donde participaba en una convención del PP de Castilla-La Mancha, Angel Acebes declaró que con la «ruptura del Archivo Histórico de la Guerra Civil» el Gobierno «acepta sembrar la discordia entre los españoles», «romper la memoria histórica» y cuestiona «el espíritu de la concordia de la Transición Española».

Se trata, dijo, de una medida «impuesta» por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)», en lo que constituye la decisión de un gobierno «entregado a las minorías independentistas más radicales». En Zaragoza, en la Convención regional del PP-Aragón, Zaplana dijo que la decisión obedece a «un capricho» de ERC y «demuestra que este Gobierno está sometido a minorías radicales». De su lado, el presidente del PP catalán, Josep Piqué, criticó que el Gobierno haya planteado el asunto como «una imposición» ya que «no ha habido el más mínimo diálogo por parte del Gobierno español con la Junta de Castilla y León. Ha habido una falta de respeto institucional muy seria».
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