El presidente del Santander, Emilio Botín, ha sido absuelto por la Audiencia Nacional del delito societario de que se le acusaba por las indemnizacciones millonarias que recibieron el ex copresidente, José María Amusátegui, y el ex consejero delegado, Àngel Corcóstegui, al abandonar la entidad en 2001 y 2002. La sentencia, publicada ayer, ordena además devolver a Botín los avales bancarios que tuvo que depositar para hacer frente a eventuales responsabilidades civiles. La Audiencia sigue así las recomendaciones del fiscal que siempre pidió el sobreseimiento de la causa o la absolución para los tres banqueros.
Botín siempre dijo que confiaba en la justicia y se mostró seguro de que el caso de las jubilaciones no iba a afectar a la imagen del banco. Ayer su confianza se vio confirmada. La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional le ha absuelto junto con Amusátegui y Corcóstegui del delito societario por el que fueron juzgados en relación con las indemnizaciones de 56 y 108 millones de euros cobradas por los dos últimos al salir del Santander Central Hispano de cuya fusión habían sido artífices.
La sentencia ordena también la devolución a Botín de dos avales bancarios por valor de 56,09 millones y 108,18 millones de euros, emitidos por La Caixa, que tuvo que depositar el 11 de mayo de 2004 ante el Juzgado Central de Instrucción número 3 para hacer frente a las responsabilidades civiles que podían derivarse del proceso. El tribunal ha resuelto en coincidencia con el criterio de la Fiscalía, que solicitó la absolución de los tres procesados por considerar que los hechos denunciados carecían de relevancia penal. Los acusados sólo se enfrentaban a las peticiones de prisión de las dos acusaciones particulares, en representación del ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar (colaborador de Mario Conde y condenado en el 'caso Banesto') y del accionista minoritario Franco Otegi.
Para Botín se pedía una pena máxima de 12 o de 6 años de prisión, dependiendo de si los hechos se calificaban como apropiación indebida o administración desleal (delito societario), ya que las acusaciones particulares plantearon ambas posibilidades. Para Amusátegui y Corcóstegui se solicitaban 8 o 4 años de cárcel por el mismo motivo, además de multas millonarias para todos ellos y su inhabilitación para ejercer como administradores.El juicio comenzó el pasado 26 de enero en medio de una gran expectación por ver a Botín y a los otros ex responsables del primer banco español en el banquillo y se prolongó hasta el 18 de febrero. La vista oral se vio precedida de algunos incidentes procesales, como la sustitución de la presidencia del tribunal, que en principio iba a ejercer el propio presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Javier Gómez Bermúdez, tras aceptarse la recusación presentada contra este magistrado por una de las acusaciones. Según las conclusiones exculpatorias, las cantidades millonarias cobradas por Amusátegui y Corcóstegui en concepto de indemnización al abandonar la entidad carecen de consecuencias penales, ya que quedan amparadas en el artículo 37 de los Estatutos del SCH, que regula la retribución de los miembros del consejo de administración.