El Consejo de Empadronamiento dio ayer libertad a los ayuntamientos para decidir qué documentos públicos aceptan para dar de alta en el padrón a un inmigrante con fecha anterior al 8 de agosto -requisito del proceso de regularización-, pero la FEMP exigió a ese organismo que especifique los certificados válidos.
El PP, CiU, el Defensor del Pueblo y varias asociaciones de inmigrantes alertaron también de la arbitrariedad que puede suponer dejar en manos de los ayuntamientos esa decisión.
La presidenta del Consejo, Carmen Alcaide, remitió una circular urgente a los ayuntamientos para explicar el «empadronamiento por omisión», la fórmula consensuada el lunes por la mesa de diálogo social para facilitar la regularización de los trabajadores inmigrantes que no cuentan con el certificado de empadronamiento exigido.
Según el Consejo de Empadronamiento, un extranjero podrá acreditar mediante un documento público que reside en un municipio desde una determinada fecha y el ayuntamiento tendrá potestad para decidir si ese certificado es «fehaciente» y para darle de alta con esa fecha.
Como ejemplos de documentos «fehacientes», citó las cartillas sanitarias, las solicitudes de escolarización o los trámites ante el Ministerio de Interior u otros organismos oficiales. Sin embargo, para la comisión de Inmigración de la Federación Española de Municipios y Provincias, es necesario que Alcaide especifique hoy mismo qué documentos son válidos, para dar a todos los inmigrantes las mismas oportunidades con independencia de su lugar de residencia y evitar que se comenta «agravios entre ayuntamientos».