La Policía Nacional detuvoa ayer a un nuevo sospechoso de participar en los atentados del 11-M. Se trata de Soufiane Raifak, un ciudadano marroquí que se encontraba en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la localidad gaditana de Algeciras por su situación irregular. A este nuevo detenido se le relaciona con la compra de los explosivos utilizados en la masacre de Madrid y estaría vinculado a Jamal Ahmidan, alias 'El Chino', y Rafá Zouhier.
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía realizaron esta última detención relacionada con los atentados de Madrid a las 8.00 horas de ayer martes en el Centro de Algeciras. Raifak se encontraba allí como consecuencia de un expediente administrativo relacionado con su situación irregular en España.
La policía cree que el nuevo detenido está relacionado con el aparato logístico del grupo terrorista que perpetró los atentados. Al frente de este grupo estaba Jamal Ahmidan, 'El Chino', uno de los siete terroristas que se suicidó en el piso de Leganés el 3 de abril del pasado año.
Raifak, que podría haber participado en la compra de los explosivos utilizados en la masacre, tendría relación no sólo con 'El Chino', sino también con otros tres marroquíes, el confidente Rafa Zouhier, Lotfi Sbai (narcotraficante a quien Zouhier señala como la persona que suministró armas al grupo que cometió el 11-M) y Rachid Agliff, alias 'El Conejo', imputados en la causa judicial por los atentados de Madrid.
A raíz de la detención, la Policía Nacional registró un piso en el centro de Madrid, en el número 37 de la calle Palma, en el barrio de Malasaña, presuntamente relacionado con este ciudadano marroquí. Por el momento no ha trascendido el vínculo que llevó a los agentes a este inmueble, aunque ya se sabe que encontraron abundante documentación que ya está siendo analizada.Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno procesó ayer por los delitos de colaboración con banda armada islamista y conspiración para cometer estragos terroristas contra edificios emblemáticos de Barcelona a los once paquistaníes detenidos entre septiembre y noviembre del año pasado en la Ciudad Condal. Además, a diez de ellos también se les imputa un delito contra la salud pública y falsificación de documentos oficiales, con los que reunían dinero para enviar a responsables de Al Qaeda en Paquistán.