El alto comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, responsabilizó ayer de todo aquello que pueda ocurrirle a él personalmente, a su entorno familiar y a sus trabajadores de la Oficina del Alto Comisionado a quienes han contribuido a «una campaña» de descrédito contra su persona.
Una campaña, dijo, con la que, desde su toma de posesión, se busca su «descrédito personal» y la desconsideración de la Oficina del Alto Comisionado. «A lo mejor esa situación puede afectar a mi salud», señaló, antes de manifestar su «convicción» de que, al considerar injustas las acusaciones vertidas contra él y las peticiones de dimisión, va a continuar «adelante», con las labores de su oficina porque cree que pueden ser «enormemente beneficiosas» para las víctimas.
Peces-Barba advirtió a todos los responsables de la citada campaña de «intoxicaciones» de que serán responsables de «lo que pueda ocurrir». El alto comisionado relató que hace una semana dos personas fotografiaron su domicilio particular tomando instantáneas incluso del interior de la vivienda. Al requerirles la identificación, explicó, se negaron y, posteriormente, pudo averiguar que los dos individuos pertenecen a un medio de comunicación.
Tras responder al senador del PP Ignacio Cosidó, quien reclamó el miércoles que su puesto pasara a denominarse «Alto Comisionado para el diálogo y el amparo de los verdugos terroristas», Peces Barba dijo que las palabras del parlamentario popular cierran «toda una campaña que, desde un partido político y desde determinadas organizaciones, se ha ido planteando» en su contra. No obstante, aclaró que no ha recibido amenazas.
Así, calificó las declaraciones de Cosidó como el «agravio más importante de desconsideración personal, de insulto o de también desconsideración de la función», y aseguró que con esas palabras el senador le ha acusado, de forma «calumniosa», de un delito de colaboración con banda armada.